Una deficiente destrucción de la documentación por parte de las empresas puede ocasionar graves perjuicios de imagen, así como el incumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018 (LOPDGDD) que establece la obligación de aplicar medidas de seguridad a los documentos en soporte papel con datos de carácter personal, pudiendo acarrear la no aplicación de dicha Ley sanciones millonarias.
Utilizar cajas de cartón o camiones abiertos representa un error grave en la concepción de un servicio de destrucción confidencial.